La Cámara de Diputados aprobó este mes una de las reformas sociales más relevantes de la actual legislatura: la Reforma de Vivienda Adecuada, que fue respaldada por 356 votos a favor y 99 en contra. El dictamen fue enviado de inmediato al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación.
La reforma otorga nuevas facultades al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) para construir viviendas de manera sistemática, regulada y con estándares de calidad que antes no estaban contemplados en la ley.
Uno de los elementos más destacados de la iniciativa es la incorporación del concepto de vivienda adecuada, que establece criterios mínimos de habitabilidad que incluyen accesibilidad para personas con discapacidad, asequibilidad económica para los trabajadores de menores ingresos y adecuación cultural, es decir, que los espacios construidos sean coherentes con las necesidades y tradiciones de las comunidades a las que se destinen.
Legisladoras y legisladores de la coalición gobernante argumentaron que esta reforma busca corregir décadas de vivienda deficiente y especulación inmobiliaria que ha dejado a millones de familias mexicanas en condiciones precarias. Los grupos de oposición, aunque apoyaron el espíritu de la iniciativa, cuestionaron si Infonavit cuenta con la capacidad operativa y financiera para asumir las nuevas responsabilidades de construcción directa sin comprometer su patrimonio.
La Cámara de Diputados también discutió en paralelo una iniciativa para regular la inversión en obra pública, que fue turnada a comisiones. Dicha propuesta crea un Consejo de Planeación Estratégica y establece contratos de inversión que reducirían la discrecionalidad en el gasto en infraestructura pública, una demanda histórica de organizaciones civiles y partidos opositores.
Adicionalmente, una legisladora presentó un proyecto de ley para proteger los datos personales de los consumidores ante el uso comercial sin consentimiento. La propuesta obligaría a las empresas a solicitar autorización explícita antes de compartir información de sus clientes con fines publicitarios, y limitaría a un contacto mensual la comunicación no solicitada, otorgando a los usuarios un periodo de cinco días para revocar su consentimiento.
La intensa actividad parlamentaria refleja el ritmo que ha tomado la LXVI Legislatura en su segundo año de ejercicio, con reformas que abarcan desde derechos sociales hasta protección digital, mientras el Senado prepara su agenda para las próximas semanas.